Qué es la Ley de Servicios Digitales

Después de su comparencia en el Congreso de Estados Unidos, la ex empleada de Facebook, Frances Haugen, visitó en mayo el Parlamento Europeo para denunciar algunas prácticas oscuras de esta plataforma y el impacto de sus redes sociales en las sociedades digitales.

Su intervención coincidía con el debate público sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que, junto a la Ley de Mercados Digitales (DMA), intentará armar un reglamento digital más actualizado para promover una navegación más segura y una competencia más justa en internet.

Cuando la Unión Europea aprobó la directiva sobre el comercio electrónico en el año 2000, Google era una startup con dos años de recorrido, y Facebook y las redes sociales ni existían. Desde entonces, las normativas y reglamentos sobre la prestación de servicios digitales se ha mantenido prácticamente inalterable.

Muchos comparan la situación de privilegio en el mercado de las Big Tech o FAAMG (un acrónimo de las siglas Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google) con el monopolio del petróleo que levantó la Standard Oil Company a principios del siglo XX. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos obligó desmembrar esta petrolera en 34 sociedades, mientras que en la actualidad legisladores estadounidenses y europeos estudian distintas fórmulas para poner coto a este dominio digital.

Además de intentar promover una mayor competencia en internet, estas modificaciones incluyen apartados que supervisan los nuevos desafíos de las sociedades conectadas: los discursos de odio en las redes, la difusión de productos falsificados, y el contenido y los servicios fraudulentos.  

Con la premisa de que lo que es ilegal offline y es también ilegal online, el proyecto de Ley de Servicios Digitales (DSA) espera mejorar la protección del consumidor y establecer un principio de responsabilidad según el tamaño del proveedor de servicios. En este sentido, los más grandes estarán sujetos a reglamentos más estrictos en materia de moderación de contenidos online, publicidad, y el diseño y uso de algoritmos, el cual estarán obligados a compartir si la Comisión Europea o los Estados miembros consideran que está diseño con "patrones oscuros" que manipulan la toma de decisiones de los consumidores a participar en comportamientos no deseados.

Aunque las disrupciones tecnológicas casi siempre van muy por delante de la regulación, la UE está preparando diferentes reglamentos para supervisar otros aspectos de las sociedades digitales, como los mercados de criptoactivos (Ley MiCA) o los algoritmos de Inteligencia Artificial. Si quieres saber más sobre estas normativas y su aplicación sobre empresas, puedes visitar Grex World Congress.         

Cómo afectará la Ley de Servicios Digitales a los motores de búsqueda y a las plataformas online

Redes sociales

Las redes sociales deberán tomar medidas para proteger a sus usuarios de contenidos, bienes y servicios ilegales, mediante una política de moderación de contenidos más estricta, pero también incluirá garantías más sólidas para que la eliminación de contenido ilegal no sea arbitraria o discriminatoria, y se respeten los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y la protección de datos.

El balance entre la libertad de expresión en las redes sociales y los discursos de odio o las injurias será uno de los aspectos claves del nuevo reglamento digital, el cual propone aumentar la protección a determinados colectivos. Los menores de edad, por ejemplo, no podrán ser objeto de ningún tipo de publicidad dirigida, mientras que las víctimas de violencia cibernética contarán con mecanismos para denunciar de manera inmediata el contenido, especialmente contra el intercambio no consentido de archivos, como desnudos o vídeos y fotos personales.

Con la evolución de las nuevas plataformas del metaverso es probable que se produzcan nuevas cuestiones legales y reglamentarias. La extracción y uso de los datos de los usuarios que se conecten a estos espacios y usen dispositivos de realidad virtual -como gafas y haptics-, la regulación de la competencia, y la interoperabilidad de sistemas podrían ser algunas cuestiones normativas que enfrentarán la construcción y desarrollo de los metaversos.     

 E-commerce

Los marketplaces contarán con servicios de comercialización más transparentes para que los consumidores reciban información confiable de los productos y evitar las falsificaciones y la piratería. El e-commerce se basará en el principio de "conozca a su cliente comercial", por lo que estarán obligados como intermediarios a identificar y detener a las empresas fraudulentas, que comercialicen contenido ilegal o inseguro, incluso a través de controles aleatorios. 

La Ley de Servicios Digitales establece controles más estrictos sobre la publicidad online que reciben los consumidores. La segmentación publicitaria estará prohibida cuando se base en datos privados, como religión, etnia, orientación sexual, etcétera. 

Grandes y pequeñas plataformas

En el caso de las plataformas online con más de 45 millones de usuarios, la Comisión Europea establece mecanismos más exhaustivos de supervisión, basándose en un principio de proporción por su impacto en la difusión de contenido ilegal y dañino, incluida la desinformación. Este tipo de plataformas deberán contar con sus propios departamentos de control de riesgos y hacer frente a auditorías independientes anuales. Las pequeñas y medianas empresas digitales contarán con un periodo más largo para adaptarse a esta legislación.

Competencia

Además de la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales (DMA) prevé reforzar algunos mecanismos de competencia para prohibir a las empresas la publicidad casi en exclusiva de sus propios servicios y aplicaciones asociados, mediante obligaciones de intercambio de datos e interoperabilidad. Las plataformas que utilicen algoritmos para sus sistemas de recomendación deberán ofrecer al menos una alternativa que se base en perfiles.

Sanciones

Los motores de búsqueda y plataformas en línea podrían enfrentarse a multas de hasta el 6% de su facturación mundial, dependiendo el caso. La Comisión Europea se reserva el derecho a la supervisión de riesgos y la posibilidad de actuar para exigir el cumplimiento en el caso de las plataformas online que superen los 45 millones de usuarios.